En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, este lunes 5 de noviembre, la asambleísta Mae Montaño, solicitante del juicio político a Diego García Carrión, exprocurador General del Estado, ratificó que el exfuncionario perjudicó los intereses del país con sus fallos, al facilitar el retorno de la compañía Odebrech, pese a las glosas que tenía en su contra por parte de la Contraloría.
Sustentó el enjuiciamiento en cinco cargos: arrogación de funciones y desviación de poder; incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado; incumplimiento de la función de patrocinio del Estado en el marco de la función para transigir; incumplimiento de la función de asesoramiento jurídico; incumplimiento de la función para administrar de manera eficiente la entidad.
Reiteró que Diego García, como procurador, favoreció a Odebrecht y no a los intereses del país, además, de la negligencia manifiesta al dejar al Estado ecuatoriano en indefensión, en el juicio al exvicepresidente Jorge Glas, al no acudir a la audiencia de formulación de cargos y, en su lugar, envió a un delegado, quien llegó tarde a la referida diligencia judicial, causa que fue declarada en abandono.
Respecto del pronunciamiento sobre la permanencia en sus cargos de algunos de los vocales del anterior Consejo Nacional Electoral, la legisladora Montaño aseguró que conforme la sentencia emitida por la Corte Constitucional el 2 de abril de 2015, el Procurador solo podía pronunciarse sobre aspectos infraconstitucionales, es decir, en temas no relacionados con disposiciones de la Carta Suprema y, al absolver la consulta del secretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, en noviembre de 2017, se escuda en el artículo 24 del Código de la Democracia, sin embargo, en el fondo, interpreta una norma constitucional, facultad exclusiva de la Corte.
Igualmente, recordó que hubo gastos elevados de fondos de la Procuraduría para la edición y promoción de un libro y una película personales de Diego García, lo cual no se compadece con la obligación que tenía como servidor público de administrar los recursos de manera adecuada y eficiente.
Así mismo, Mae Montaño indicó que el exprocurador pagó ingentes recursos a bufetes de abogados en Estados Unidos y Europa para que representen al Estado ecuatoriano en procesos legales, sin que se haya ganado ninguna de esas causas.
Pruebas de descargo
La Comisión de Fiscalización, presidida por María José Carrión, conoció varios oficios remitidos por Diego García, exprocurador, mediante los cuales remite algunas pruebas de descargo y solicita se actúen pruebas de oficio, a fin de que el organismo cuente con elementos de juicio que permitan conocer el trabajo cumplido durante su período como abogado del Estado ecuatoriano.
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